(artículo fusilado de Rebelión.org)
Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística en los ocho años que gobernó el Partido Popular en España la participación de los salarios en el total de la renta (digamos que la porción de la tarta que corresponde a los trabajadores) bajó del 50,61% (IV Trimestre de 1996) al 48,74 (IV Trimestre de 2004) o al 49,46% si se considera el IV Trimestre de 2003.
Esas disminuciones representan una transferencia bastante bastante grande desde los asalariados al excedente a lo largo de esos años.
Para hacernos una idea, por ejemplo, téngase en cuenta que la dismunición de finales de 2003 a finales de 2004 significó que los trabajadores se repartieron entonces (en comparación con el año anterior y en proporción) 1.622 millones de euros menos. Una cantidad que, por el contrario, se añadía al excedente empresarial.
En el año 2005 (que en sentido estricto fue el primero en el que Zapatero hizo política económica propia), el peso de los salarios en el total de las rentas pasó del 48,74% al 48,16%, es decir, que disminuyó 0,46 puntos. Y en el peso de los salarios en el conjunto de las rentas volvió a bajar 0,46 puntos, es decir, unos 1.206 millones de euros.
Estos datos (que se pueden seguir con más detalle en el cuadro siguiente) indican claramente que en los dos años de gobierno socialista prácticamente no se ha modificado la pauta de distribución de la renta en España, que sigue deteriorándose para los salarios a pasos realmente agigantados.
Es normal que esto suceda cuando se siguen manteniendo políticas fiscales cada vez más regresivas y cuando se favorece que las grandes empresas obtengan cada vez más beneficios a costa del control salarial y del trabajo precario.
El siguiente cuadro muestra los ingentes beneficios obtenidos por las grandes empresas españolas en 2006 y su incremento respecto a 2005.
Desde luego, se trata de beneficios que contrastan con lo ocurrido con los salarios que en 2006 (un año más) perdieron poder adquisitivo. Concretamente, casi medio punto porcentual puesto que su incremento medio fue del 3,7% frente a una subida del 3,24% en el Indice de Precios al Consumo.
Es evidente el proceso de deterioro salarial que se viene produciendo en España a favor, lógicamente, de los beneficios empresariales. Tanto es así, que el crecimiento efectivo de los salarios ni siquiera alcanza el nivel pactado en los convenios, como ponía de relieve recientemente un significado economista del Banco de España: "En los últimos años, los incrementos de la remuneración
de los asalariados vienen siendo inferiores a los incrementos medios pactados en los convenios colectivos" (José L. Malo de Molina,
"Los principales rasgos y experiencias de la integración de la economía española en la UEM"). Una circunstancia que, entre otras cosas, evidencia que la distribución de la renta de forma cada vez más desfavorable para los trabajadores tiene principalmente que ver con la pérdida de poder de negociación y con su desmovilización política, social y sindical.
Es verdad que el gobierno de Rodríguez Zapatero reitera que su voluntad es hacer una política más social pero a la vista de estos datos debemos preguntarnos si eso no es más que un desideratum porque
a la hora de la verdad lo que está pasando es que los grandes beneficiarios de la renta y la riqueza siguen siendo siempre los mismos, e incluso en mucha mayor medida.
La situación se puede hacer grave porque la evolución del gasto social (que en cierto modo podría paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de peso en el conjunto de las rentas) no está evolucionando en la tendencia que cabría esperar.
Según los datos que publicó el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque lógicamente el montante total ha aumentado, la participación de los gastos sociales en el PIB disminuyó en 2005 (19,56%) respecto a 2004 (20,06%), 2003 (19,94%) y 2002 (19,97).
Esto significa que está disminuyendo el “esfuerzo” dedicado al gasto social, lo que de forma significativa muestra que las prioridades de reparto se alejan de la satisfacción de las necesidades que tienen los sectores de menor renta (que lógicamente son los que más necesitan los bienes colectivos financiados por el gasto social).
Hay que volver a llamar la atención al Gobierno para evitar que su política social sea puramente de cartón piedra y, en definitiva, para tratar de quebrar esta tendencia tan injusta y antisocial que el gobierno de Rodríguez Zapatero, a pesar de su discurso tan progresista, sigue aplicando prácticamente en los mismos términos que el anterior gobierno derechista del Partido Popular.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: www.juantorreslopez.com
