Seattle obligada a retirar los cargos y pagar un millón de dólares a los manifestantes contra la OMC detenidos ilegalmente en 1999. El acuerdo requiere la revisión y puesta a punto del entrenamiento de la policía. En un acuerdo histórico conseguido por Public Justice en representación de la gente arrestada en 1999 mientras se manifestaban de manera pacífica contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), el ayuntamiento de Seattle ha aceptado cerrar y cancelar los antecedentes penales lo que un jurado previamente había determinado arrestos inconstitucionales por la policía de Seattle. Además de esto, el acuerdo obliga al ayuntamiento de Seattle a mejorar el entrenamiento de la policía para evitar arrestos anticonstitucionales en masa en el futuro. Por último, el ayuntamiento pagará un millón de dólares como compensación a los manifestantes por la violación de sus derechos constitucionales y los costes de interposición de la demanda. "El veredicto y el acuerdo no solo reivindican los derechos de la gente que se manifestaron pacífica y legalmente en 1999, sino que ayudará a asegurar que la protesta es tratada como debe de ser en una sociedad libre". La demanda colectiva, presentada en el 2000, se derivó de los hechos del 1 de diciembre de 1999, cuando la policía acorraló y arrestó a aproximadamente 175 personas que estaban protestando de manera pacífica en el parque Westlake, en el centro de Seattle. El ayuntamiento había invitado y animado a la OMC a mantener su conferencia ministerial en Seattle. CUando la conferencia comenzó a finales de noviembre, decenas de miles de personas y organizaciones dedicadas desde la globalización y derechos de los trabajadores hasta especies en peligro y derechos humanos se reunieron en la ciudad para protestar por las políticas aplicadas por la OMC. Tras un día de protestas generalizadas, en su mayoría pacíficas, el alcalde de Seattle ordenó impedir el acceso al centro de la ciudad excepto para algunos ciudadanos en concreto, lo que por muchos testigos fue visto como una respuesta exagerada a los disturbios aislados de algunos individuos. Aunque la orden no prohibía específicamente las manifestaciones en ese área, los funcionarios del ayuntamiento y la policía lo denominó "Zona libre de manifestaciones". Cientos de manifestantes fueron arrestados. Todos los cargos contra los arrestados en la "zona" fueron retirados más tarde, pero no antes de que muchos de los manifestantes fuesen retenidos en prisión hasta cuatro días -hasta que la conferencia de la OMC había terminado. Ningún policía fue nunca reprendido o castigado por el ayuntamiento. Además de Withey, los demandantes estuvieron representados en el juicio por el co-demandante de Public Justice Tyler Weaver de Seattle; el consejero legal de Seattle [principal fiscal de la ciudad], Fred Diamondstone; y el abogado Leslie Bailey, socio de Brayton-Baron en Public Justice. Después del veredicto, Seattle se enfrentaba a continuar en los tribunales por la indemnización por daños debida a los manifestantes detenidos ilegalmente. Para evitar los juicios, el ayuntamiento de Seattle aceptó llegar a un acuerdo. “Este acuerdo cierra un capítulo importante en la historia de esta ciudad" dijo Withey. "La lección que debemos aprender es que todos los derechos constitucionales de los ciudadanos pueden ser garantizados al mismo tiempo que la seguridad publica es asegurada. El juez, el jurado y ahora el ayuntamiento de Seattle han dado validez a este principio fundamental. Estamos orgullosos de ser responsables de ello y de contribuir a esta importante victoria". Weaver dijo estar contento de que los manifestantes del parque de Westlake fuesen indemnizados, pero la resolución completa del caso tienen un significado mucho más importante. “Lo más importante, el veredicto del jurado en este caso en un signo de que nuestra Constitución esta viva y en buena forma” dijo Weaver “Confío en que este caso enviará un mensaje no sólo a la ciudad de Seattle sino a todas las ciudades del país que los arrestos en masa de manifestantes pacíficos y respetuosos con la ley no son y no pueden ser tolerados" Diamondstone señaló que el acuerdo es "una importante lección para los departamentos de policía de todo el país que han estado atentos la experiencia de la OMC en Seattle" cuando se reunan grandes grupos de manifestantes en otras ciudades grandes. "La lección que hay que aprender es evitar repetir el fiasco de Seattle permitiendo a los manifestante pacíficos reunirse, como garantiza la constitucón", declaró Diamondstone. Digno de destacar, el ayuntamiento ha acordado incorporar decisiones importantes del juzgado del caso Hankin en el entrenamiento de la policia. Esas decisiones aclaran que la policía no tenía razones para arrestar a los manifestantes pacíficos del parque Westlake y otros arrestados fuera de la "zona libre de manifestaciones". Mejorando el entrenamiento ayudará a que los policías protejan los derechos constitucionales de los individuos contra cacheos, registros y detenciones ilegales. El acuerdo económico negociado por Public Justice asegurará una indemnización para cada manifestante entre 3.000 y 10.000 dólares, dependiendo en el número de demandantes colectivos que lo demanden. La cantidad del acuerdo mediante seguros, en lugar de con fondos públicos del ayuntamiento. Además del equipo del juicio, los demandantes fueron representados por el abogado de PJ Attorney Victoria Ni y el director ejecutivo de PJ Arthur Bryant. Traducción: Maikel Kerrule fuente: http://www.tlpj.org/pr/wto040207.htm publicada en Public Justice el 4 de febrero de 2007
Public Justice, 4 de febrero 2007. Traducción, junio 2007.
Como resultado de un juicio de 11 días en enero, un jurado civil encontró culpable al ayuntamiento de Seattle por violar los derechos derivados de la Cuarta Enmienda. El veredicto de Hankin contra el Ayuntamiento de Seattle y el acuedo alcanzado ha sido conseguido tras siete años de juicios y un trabajo persistente del equipo legal de Public Justice. "Es una pena cuando la justicia se retrasa, especialmente cuando son siete años" dijo el demandante principal Kenneth Hankin, un ingeniero de sistemas de fuel de Boeing.
Basándose sobre todo en el testimonio de los principales cargos del departamento de policía de Seattle, Michael Withey (abogado con el que co-presentaba Public Justice la demanda) argumentó que los arrestos se hacían de acuerdo con la normativa del ayuntamiento o, como mínimo, había sido aprobada por los encargados del Departamento de policía. El jurado estuvo de acuerdo, encontrando al ayuntamiento responsable de arrestos anticonstitucionales.
Conforme a lo acordado, pendiente de aprobación del juzgado, el ayuntamiento de Seattle ha aceptado no sólo cerrar todos sus expedientes sobre los arrestos, sino también pedir formalmente que otros organismos retiren cualquier antecedente que hayan podido recibir o mantener relacionado con los arrestos del 1 de diciembre de 1999. El ayuntamiento también notificará al resto de organismos que los demandantes nunca fueron juzgados ni condenados por ningún delito. El cierre y retirada de antecedentes penales es de particular importancia para los miembros de la demanda colectiva, preocupados de los efectos potenciales de los mismos en su reputación y respeto a la ley.
